El juicio oral fue postergado por tiempo indeterminado
Luego de que el miércoles se anunciara la postergación sin fecha del juicio oral a Milagro Sala, hoy su esposo Raúl Noro y otros tres militantes de la Tupac Amaru fueron liberados por la justicia. Mientras tanto, Sala permanece tras las rejas en una cárcel de San Salvador de Jujuy acusada por el acampe que realizara frente a casa de gobierno en enero pasado. Pronto cumplirá un año de detención sin haber atravesado ninguna sentencia, ni firme ni de primera instancia; en realidad, sin haber enfrentado un juicio siquiera.
La única de las numerosas causas por las cuales es investigada Sala que fue elevada a juicio oral es la referida al acampe. Se trataría del primer juicio del gobierno de Morales por “protestar”, y marcaría un antecedente nefasto y peligroso porque habilitaría el procesamiento de cualquier medida de lucha contra un ataque de la patronal o del Estado.
La detención arbitraria de Milagro Sala es un recurso político extremo del gobierno de Gerardo Morales. Otros funcionarios y ex funcionarios acusados de malversar fondos públicos (Boudou, Sturzenegger, De Vido, por ejemplo) llegarán libres a la instancia de juicio oral.
Esta arbitrariedad está suscitando una división al interior de las filas del gobierno nacional, sobre todo a medida que crecen las presiones internacionales por la libertad de Sala. La ONU se pronunció en ese sentido, la comisión interamericana de Derechos Humanos de la OEA va a emitir un informe, el primer ministro de Canadá ha reclamado por su situación. Lo mismo ocurrió en la Conferencia Internacional sobre Discriminación, realizada en Ginebra.
Cuando la ONU libró su resolución aconsejando su libertad, desde el gobierno y el fiscal salieron a aclarar que Milagro había sido excarcelada por la causa del acampe y continuaba detenida por otras causas (Telam, 31/10).
El gobierno mantiene firme su decisión política de mantener detenida a Milagro Sala como un factor de amedrentamiento de las organizaciones sociales y sindicales en el marco del ajuste brutal que intenta realizar. Esta operación se da en el marco de un ataque general al movimiento obrero organizado en la provincia: la multa al sindicato Ledesma; el despido de cientos de obreros en Ingenio La Esperanza; la represión a los vendedores ambulantes, el intento de llevar a juicio al “Perro” Santillán por la toma de tierras en Campo Verde, entre otras.
La detención de Milagro sirve a estos intereses. El gobierno de Morales la mantiene de rehén mientras construye su propio aparato punteril. La corrupción y la malversación de fondos que involucran a Sala y a su organización conecta directamente con las constructoras, proveedores y políticos de la provincia que rapiñaron los fondos junto a ella. El objetivo político de Morales es sentar un precedente de criminalización contra la protesta.
Desde el Partido Obrero rechazamos la prolongación arbitraria de la detención de Sala y exigimos su libertad.
Luego de que el miércoles se anunciara la postergación sin fecha del juicio oral a Milagro Sala, hoy su esposo Raúl Noro y otros tres militantes de la Tupac Amaru fueron liberados por la justicia. Mientras tanto, Sala permanece tras las rejas en una cárcel de San Salvador de Jujuy acusada por el acampe que realizara frente a casa de gobierno en enero pasado. Pronto cumplirá un año de detención sin haber atravesado ninguna sentencia, ni firme ni de primera instancia; en realidad, sin haber enfrentado un juicio siquiera.
La única de las numerosas causas por las cuales es investigada Sala que fue elevada a juicio oral es la referida al acampe. Se trataría del primer juicio del gobierno de Morales por “protestar”, y marcaría un antecedente nefasto y peligroso porque habilitaría el procesamiento de cualquier medida de lucha contra un ataque de la patronal o del Estado.
La detención arbitraria de Milagro Sala es un recurso político extremo del gobierno de Gerardo Morales. Otros funcionarios y ex funcionarios acusados de malversar fondos públicos (Boudou, Sturzenegger, De Vido, por ejemplo) llegarán libres a la instancia de juicio oral.
Esta arbitrariedad está suscitando una división al interior de las filas del gobierno nacional, sobre todo a medida que crecen las presiones internacionales por la libertad de Sala. La ONU se pronunció en ese sentido, la comisión interamericana de Derechos Humanos de la OEA va a emitir un informe, el primer ministro de Canadá ha reclamado por su situación. Lo mismo ocurrió en la Conferencia Internacional sobre Discriminación, realizada en Ginebra.
Cuando la ONU libró su resolución aconsejando su libertad, desde el gobierno y el fiscal salieron a aclarar que Milagro había sido excarcelada por la causa del acampe y continuaba detenida por otras causas (Telam, 31/10).
El gobierno mantiene firme su decisión política de mantener detenida a Milagro Sala como un factor de amedrentamiento de las organizaciones sociales y sindicales en el marco del ajuste brutal que intenta realizar. Esta operación se da en el marco de un ataque general al movimiento obrero organizado en la provincia: la multa al sindicato Ledesma; el despido de cientos de obreros en Ingenio La Esperanza; la represión a los vendedores ambulantes, el intento de llevar a juicio al “Perro” Santillán por la toma de tierras en Campo Verde, entre otras.
La detención de Milagro sirve a estos intereses. El gobierno de Morales la mantiene de rehén mientras construye su propio aparato punteril. La corrupción y la malversación de fondos que involucran a Sala y a su organización conecta directamente con las constructoras, proveedores y políticos de la provincia que rapiñaron los fondos junto a ella. El objetivo político de Morales es sentar un precedente de criminalización contra la protesta.
Desde el Partido Obrero rechazamos la prolongación arbitraria de la detención de Sala y exigimos su libertad.
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