Los medios jujeños han difundido un audio sobre el pedido de
coimas de parte de un ex funcionario del radicalismo a un empresario local.
La revelación se produce a escasos días de la detención
ilegal de dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias por parte de la
policía del gobernador Gerardo Morales (UCR-Cambiemos), hecho que le ha valido
un enorme repudio estudiantil y docente a escala nacional.
La denuncia, por tanto, cae en un momento de debilidad del
gobierno provincial.
En el audio, se escucha como una persona le ofrece a un
empresario “hacer desaparecer” expedientes donde se investigan obras mal
ejecutadas. El empresario es Rodrigo Insausti (INBER Construcciones), con
varios contratos de obra pública. El encargado de hacer desaparecer los
expedientes sería Gastón Baigorria Insausti, ex asesor del bloque legislativo
radical hasta 2016.
Los expedientes investigan si hay correspondencia entre el
dinero cobrado y la ejecución de las obras. El caso más llamativo investiga el
cobro por enripiado de una calle que está asfaltada. El empresario cuestionado
tiene vínculos y ha venido desarrollando su patrimonio a costa de obras
públicas, bajo este gobierno y el anterior.
Frente al escándalo
que suscitó el caso, el gobierno pretende despegarse de la misma forma que lo
hizo con la irrupción de policías en la facultad. Ha pedido que investigue la Oficina
Anticorrupción, siendo que la oficina tiene los expedientes desde abril de 2016
y hasta que se hizo público, dormían el sueño de los justos.
No es un caso aislado
El gobierno, que asumió con la bandera de combatir la
corrupción, se ha visto envuelto en una serie de hechos de corrupción, tráfico
de influencias, manejos de fondos cuestionables, y operaciones millonarias a
costa del Estado. Sólo para recordar las principales: funcionarios que
depositaban partidas presupuestarias en plazos fijos; la compra por parte del
hermano de Gerardo Morales -junto a un grupo de funcionarios- de terrenos y su
posterior venta al Estado para construcción de viviendas (150 hectáreas
compradas a $720.000 y vendidas al Estado por 30 millones de pesos); la tala
indiscriminada de árboles del Parque potrero de Yala para su venta como madera.
Los que denunciaron a Milagro Sala por desvío de fondos
públicos en la construcción fueron sus socios secundarios y demostraron tener
sus mismos “vicios”. Un sector muy importante de funcionarios y políticos están
vinculados a la obra pública, y ahora con la Tupac Amaru fuera de la mesa, los
negocios y los negociados van a ir a parar exclusivamente para este grupo. En
este punto no existen diferencias: peronistas K, no K y radicales comparten el
botín de la obra pública.
Nuestro planteo
Desde el Partido Obrero, denunciamos que el anuncio del
gobierno de Morales de combatir la corrupción y poner orden al asumir, sólo
apuntaba a garantizar la pretensión de “reconstituir” el Estado en términos
capitalistas, corrupción de por medio, y para aplicarlo iba a utilizar la
regimentación de los trabajadores y sus organizaciones, como lo vimos desde el
primer día de gobierno.
A la corrupción la combatimos con la organización de los
trabajadores: publicidad de las obras, control del presupuesto por parte de los
trabajadores y su discusión en asamblea, por un plan de obras públicas que
satisfaga las necesidades populares.
Desde el Partido Obrero llamamos a los trabajadores y
estudiantes a desarrollar una alternativa política de los trabajadores, en
contraposición de los partidos tradicionales, todos envueltos en casos de
corrupción, y comprometidos en descargar el ajuste sobre nuestras espaldas.
Iñaki Aldasoro
Iñaki Aldasoro
Comentarios