Transcurridas 24 horas de la difusión de la cautelar de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las condiciones de detención de
Milagro Sala, el gobierno de Gerardo Morales “avaló” la resolución, cuyo
cumplimiento, recordó, “es de carácter obligatorio”.
La resolución indica que el Estado argentino debe adoptar
“medidas alternativas a la detención preventiva”, como concederle la detención
domiciliaria o la libertad vigilada por medios electrónicos. La resolución se
apoya también en lo actuado por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones
Arbitrarias de Naciones Unidas, que anteriormente había visitado Jujuy y
fallado favorablemente a la excarcelación de Sala.
Milagro Sala lleva detenida más de un año y medio sin
sentencia firme. Hasta ahora, el gobierno provincial había tensado la cuerda
hasta el extremo para justificar su detención arbitraria.
La CIDH ofreció una salida “decorosa” al gobierno de Morales
para aliviar la creciente presión internacional de la dirigente de la Tupac
Amaru, toda vez que el organismo no se pronuncia sobre el carácter de la
detención sino sobre el “riesgo de vida” que corre dentro de prisión. “El
hostigamiento por exceso de vigilancia, procesos disciplinarios, multitud de
procesos judiciales, le han ido creando un cuadro de agobio que atañe su
integridad psíquica, moral, y eso le genera un cuadro peligroso para su vida y
su integridad”, reza la resolución. De ello se vale el gobierno jujeño para
afirmar que la CIDH “convalida la actuación de la justicia provincial con relación
a la prisión preventiva”. En el mismo sentido, el Secretario de Derechos
Humanos de la Nación, Claudio Avruj, subrayó que así como la resolución de la
CIDH es vinculante, la decisión corresponde al poder judicial de la provincia
y, aclaró, “no es un cese de detención, sino analizar alternativas de
detención” (El Destape, 28/07).
Régimen de excepción
El gobierno de Morales ha basado su gobierno sobre la base
de intentar aplicar una fuerte regimentación de los trabajadores y de sus
organizaciones. Se ha valido, para ello, de la detención de Sala a raíz de un
acampe contra el recorte planes sociales y fondos administrados por su
organización apenas asumió, acusándola de “instigación al tumulto”.
En un fallo aberrante, la justicia jujeño otorgó a Sala la
excarcelación por esas primeras imputaciones, pero prolongó su detención por
otras causas, iniciadas con posterioridad, por desvío de fondos públicos. La
detención de Sala está viciada de origen.
Sin embargo, las causas sobre el desfalco de los fondos
asignados para la realización de obras están paralizadas desde principios de
año. Ocurre que involucran a buena parte del staff político y empresario de la
provincia, que fue cómplice de los enjuagues de Sala. Como ocurrió
recientemente con el intento de expulsión de De Vido de la Cámara de Diputados,
el gobierno se vale de los extremos más desprestigiados y corrompidos de los K
para avanzar en un régimen de excepción apuntado contra el movimiento obrero y
los luchadores.
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